Colectivos que creen que hay una estrategia para frenar las protestas con “represión de baja intensidad” lanzan una campaña contra las identificaciones.

“Están intentando meternos miedo, meternos en casa. Quieren evitar que la ciudadanía se exprese y las acciones de ocupación del espacio público”. Son palabras de Jaime, uno de los integrantes de la Plataforma por la Desobediencia Civil, responsable a su vez de la iniciativa Di no a las identificaciones.

Se trata de una respuesta pacífica y meditada contra lo que consideran una maniobra para maniatar a la opinión pública y en concreto su expresión a pie de calle. “Tratan de intimidar a la gente. Vemos que muchas veces van a por los que tienen determinadas pintas o a por los inmigrantes”, explica Jaime.

Un apoyo en alza

Más de 3.500 personas se han adherido ya a una campaña que llama a hacer frente a identificaciones “muchas veces arbitrarias, injustas y racistas”. Desde la Plataforma por la Desobediencia Civil, que agrupa a colectivos y personas preocupadas por el aumento de la represión llamada de ‘baja intensidad’, se indica que “desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 1/1992 (“Ley Corcuera”), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden, en teoría, pedir la documentación a cualquier persona que se sospeche que pueda estar cometiendo un delito”.

El manual de actuación

La campaña quiere protestar contra todo ello mediante la no identificación colectiva, que dejaría en evidencia el conflicto entre legalidad y legitimidad. La iniciativa, según sus promotores, no tendría más consecuencias legales que el traslado a comisaría para la identificación, tal y como se explica en el manual.

“Frente a la lógica individualizante, debemos entender que ante los ataques colectivos solo caben respuestas colectivas; porque con cada persona sancionada, nos están sancionando a todas. Si la ley hace posible la trampa a gran escala, seremos muchas quienes nos neguemos a acatarla”, argumenta la Plataforma.

Aspecto y color de piel

“Con mucha frecuencia”, agrega, “se requiere la identificación a personas en función de su color de piel o de su aspecto. Estas identificaciones son, por tanto, arbitrarias, y constituyen auténticas persecuciones racistas y políticas sobre personas que se reúnen, se manifiestan o simplemente transitan las calles de esta ciudad”.

“Paradójicamente, suele ocurrir que quien identifica no va correctamente identificado (lo que supone un incumplimiento reiterado de la Instrucción 13/2007 del Ministerio del Interior), actuando en el anonimato, lo cual redunda en la impunidad de sus acciones y en la indefensión de quien es requerida/o a entregar su documentación”, denuncia.

El caso de Madrid y el río de multas

“Desde la llegada de Cristina Cifuentes a la Delegación del Gobierno de Madrid, e iniciado ya un ciclo de movilizaciones masivas a partir del 15M de 2011, se ha incrementado la vía represiva de carácter económico mediante un aumento considerable de las sanciones a las personas identificadas aleatoriamente en las movilizaciones sociales, lo que supone de hecho una restricción importante al ejercicio de derechos fundamentales”, sostiene la Plataforma.

“Dichas sanciones”, concreta, “suponen para muchas de las personas sancionadas un grave problema económico (246.000€ de recaudación, desde el 15 de mayo de 2011 hasta hoy), en el contexto de una ya de por sí grave situación económica”.

Sanciones injustas e indiscriminadas

“Este sistema de sanciones indiscriminadas, injustas e ilegales, convierte a cualquier persona en víctima potencial de lo que llamamos ‘buro-represión’ o represión ‘de baja intensidad’, que individualiza el sufrimiento de quien las recibe y que queda en la mayoría de los casos invisibilizada, en la casilla del buzón de cada persona sancionada”.

“Sabemos”, critican los integrantes, “que el objetivo de esta represión es desincentivar la protesta social, desmovilizar a la ciudadanía, precarizar a personas ya muy precarizadas, focalizar las energías transformadoras en el trabajo antirrepresivo y generar un clima de miedo que desarticule la respuesta en las calles a sus políticas criminales. En una vuelta de tuerca más, el Estado recauda a costa de saquear a una ciudadanía a la que lleva tiempo exprimiendo a través de unos recortes cada día más salvajes e inmorales”.

Violencia económica y miedo

“Entendemos que la vía represiva forma parte de la lógica sistémica en la que se articula el capitalismo: la incertidumbre sobre el futuro, a la que se añaden la violencia económica y el miedo, y pretende generar un escenario de sumisión en el que cualquier disidente sabe a qué puede atenerse: detenciones injustificadas, sanciones arbitrarias, lesiones desmovilizadoras… son algunos de los mecanismos por los que se opera la falsa pacificación de nuestras sociedades”, según exponen.