La nueva Ley de Costas, en trámite, prevé aliviar las “restricciones de ciertos usos y actividades que generan empleo y riqueza”.

La nueva Ley de Costas que impulsa el Gobierno del PP se presenta a sí misma como restrictiva. Así, el documento señala que “se refuerza la prohibición de nuevas edificaciones” y se asegura también que sólo se permitirán obras de mejora en las ya existentes, pero nunca con aumento de ocupación o volumen. No obstante, en su motivación se abre la puerta a nuevas explotaciones económicas en el saturado litoral español. Según su criterio, existen “demasiadas restricciones de ciertos usos y actividades que generan empleo y riqueza y pueden ser compatibles con la protección del medio ambiente”.

La ley, en trámite para su votación en el Senado antes de pasar al Congreso, señala que “la degradación y mala imagen de edificios e instalaciones en la costa [...] restan competitividad al turismo español”.

23.000 edificaciones en dominio público

Según los datos que maneja el Gobierno, existen unas 10.000 viviendas en dominio público marítimo-terrestre, “la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988″. Se cita además que sólo en 2018 expirarán 1.100 concenciones para vivienda que conllevarían su demolición.

Por la costa español, y dentro del dominio público, se extienden asimismo 23.000 edificaciones no residenciales, entre las que se incluyen 1.700 explotaciones industriales.